El Gobierno declaró ayer, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» hasta el 31 de diciembre.
La medida, fue dispuesta mediante un decreto 609/20 publicado hoy en el BO.
En los considerandos, la disposición remarca que, durante la gestión de Cambiemos, «mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».
Y subraya que esa decisión se tomó «abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional».
En ese marco, se recuerda que la Carta Magna «en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos».
